Encrucijada democrática

Por Demetrio Velasco

Hay momentos en la historia humana, en los que la afirmación del clásico de que la generalidad de los seres humanos tendemos a preferir la servidumbre voluntaria, cuando el camino de la libertad genera inseguridad y miedos, parece adquirir especial significado. Es importante que quienes estamos preocupados por construir un mundo razonablemente libre y seguro, es decir, un mundo más democrático, no caigamos en la tentación de renunciar a nuestra responsabilidad de ser sujetos políticos. Para construir sociedades razonablemente democráticas, es imprescindible garantizar el ejercicio de los derechos y libertades. y, para ello, es absolutamente necesario crear un clima social en el que nadie tenga que temer por su vida y por su integridad. Usar la fuerza que sea necesaria para asegurar este clima es un requisito imprescindible, sin el que la legitimidad de nuestras sociedades se resquebraja.

Recordar estos elementales principios de la ética política puede parecer una obviedad. Pero, cuando esto se hace en un contexto como el que estamos viviendo, tanto a nivel mundial (hace un año del brutal atentado de las Torres Gemelas de Nueva York) como local (la situación del País Vasco pasa por un momento decisivo), creo que merece la pena detenerse a reflexionar sobre el devenir democrático de nuestras sociedades y estar atentos ante la peligrosa deriva de la seguridad a toda costa y de sus consecuencias para el porvenir de los pueblos.

En mi opinión, si hemos llegado a situaciones límite, que ponen a prueba la suerte de la democracia, se debe, en gran medida, a que no se han puesto a su debido tiempo los medios y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas, comenzando por adaptarlas a la nueva situación mundial, y, desde ellas, posibilitar el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas. Buena parte de los analistas políticos señalan que vivimos malos tiempos para las democracias y que se aproximan tiempos aún peores. Y las razones aducidas se refieren tanto a la perversión suicida de las propias instituciones democráticas, fruto de una instrumentalización antidemocrática de las mismas, como a la obsolescencia y anacronismo que muchas de ellas presentan. En un contexto de europeización y de mundialización, como el actual, hay numerosas instituciones democráticas que, por su origen y naturaleza, han quedado hipotecadas a un pasado ya obsoleto. Buena parte de las amenazas, como los fundamentalismos, corporativismos y nacionalismos excluyentes, están relacionados con la forma de solucionar los problemas de la representación política, del pluralismo cultural y de la justicia social, entre otros. No nos debemos dejar engañar, pues, por el espejismo de que, en las últimas décadas, se han multiplicado en el mundo los países con regímenes formalmente democráticos. De hecho, no pocos de entre ellos conviven con formas de autoritarismo, de populismo y neobonapartismo alarmantes. Sabemos que, en gran medida, esto es debido a situaciones de pobreza y de marginación, y que se retroalimenta del incremento de la frustración y del consecuente rechazo de las instituciones democráticas.

Urge, pues, la creación y defensa de instituciones y procedimientos democráticos que posibiliten y generen, a su vez, en la ciudadanía los hábitos y el talante necesarios para construir sociedades más justas, más libres y más seguras. Obviamente, mientras no seamos capaces de construir las instituciones más adecuadas es un imperativo moral ineludible defender las menos inadecuadas con los medios legítimos que tenemos a nuestro alcance. Esto cobra particular relieve en contextos, como los arriba señalados, en los que la aplicación del rigor de la ley y la defensa de las instituciones democráticas pueden poner a prueba, como hemos dicho, la suerte de nuestra democracia.

En el País Vasco, estamos asistiendo a la ilegalización de una fuerza social que, durante ya demasiado tiempo, se ha escudado en la figura jurídica y democrática del “partido político”, para legitimar prácticas y proyectos de carácter antidemocrático. En mi opinión, si la situación creada, ahora, puede parecer de gran riesgo para la democracia, se debe, sobre todo, a que, también, durante demasiado tiempo, la autoridad competente, especialmente la del Gobierno vasco, ha estado haciendo una dejación de su responsabilidad en la aplicación necesaria de la fuerza legítima frente al comportamiento antidemocrático e incluso violento de dicha fuerza social, que se ha sentido, así, con patente de corso para seguir burlando el ordenamiento jurídico vigente y para apoyar a la organización terrorista ETA, de la que ha mostrado tener una dependencia orgánica indiscutible. Todos sabemos los costos de este proceder y la situación generada por él. Miles de ciudadanos y ciudadanas vascos, casi siempre no nacionalistas, se han visto obligados a vivir en “clandestinidad” porque las instituciones democráticas no les han garantizado de forma suficiente el ejercicio de sus derechos fundamentales. Y, al hablar de derechos fundamentales, no creo que debamos referirnos al pretendido derecho de “autodeterminación política”, tal como lo formula el nacionalismo vasco.

Estoy persuadido de que la ilegalización de dicha fuerza política, que, por supuesto, se debe ajustar escrupulosamente a derecho, es, por fin, una decisión de responsabilidad política y de decencia ética. Habrá que tener el coraje cívico para afrontar este momento con fortaleza y coherencia democráticas. Quien no lo haga así tendrá que explicar, con razones más convincentes que las del oportunismo político o las del particularismo social, los motivos por los que debemos seguir condenados a vivir en una sociedad cuyas instituciones democráticas no pueden garantizar a todos y a todas el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, precisamente, porque hay fuerzas sociales antidemocráticas que se amparan en la legalidad para actuar contra la democracia.. Creo que no son de recibo aquellas actitudes que, primando el pragmatismo de los intereses inmediatos o la resignación cómplice de la servidumbre voluntaria, renuncian al ejercicio de la dignidad ética más elemental y al compromiso político que de ésta se deriva.

Queda, por delante, la enorme tarea de deshacer un camino de muchos años, en los que se ha socializado a buena parte de la sociedad vasca en una mentalidad lastrada por demasiados rasgos antidemocráticos. Urge reconstruir un nuevo imaginario social capaz de asumir lo que significa el pluralismo, la democracia, el estado de derecho, etc. Urge construir una opinión pública para la que la calidad democrática de las instituciones está vinculada a las convicciones éticas de los individuos, haciéndoles conscientes de sus hechos y de las consecuencias que de ellos se derivan, así como de los derechos y necesidades de los demás. En una sociedad democrática, la dignidad de los individuos, sus derechos y sus deberes, deben garantizarse por encima de cualquier otra causa, por muy sagrada que se la juzgue. La tolerancia y el respeto al pluralismo legítimo de las sociedades democráticas y seculares sigue siendo, todavía, una asignatura obligatoria para quienes se han socializado en una religión nacional, que ha sacralizado realidades que, como sabemos, son una expresión de la construcción social y, por tanto, contingentes. Urge una educación que socialice democráticamente, que evite los atajos del anarquismo y del tutelaje, y que nos enseñe a todos que para ser libres es imprescindible el papel de las instituciones, a las que alguien ha llamado lúcidamente “rigideces requeridas”. La fuerza legítima es condición necesaria de la libertad.

Es verdad que “la seguridad a todo riesgo” es una tentación peligrosa, que puede llevarnos a aventuras antidemocráticas y belicistas. Es evidente que detrás del discurso hobbesiano, en un principio legitimador solamente del autoritarismo, se esconde la larva totatitaria que acabará con el Estado de derecho, si no se activan los resortes y controles jurídicos precisos. El ansia de seguridad y el miedo, administrados por el individualismo posesivo y por el egoísmo “racional”, no pueden ser argumentos sólidos para la construcción de una sociedad segura. Me temo que el modelo que el presidente Bush está adoptando para garantizar la seguridad del mundo, sobre todo y especialmente la de los americanos, no va a facilitar la construcción de un orden cabalmente democrático. También temo que el seguidismo de otros muchos líderes políticos les lleve a querer legitimar medidas autoritarias en nombre de la seguridad y del orden social. Creo que es un momento crítico para las sociedades democráticas. Por eso, espero que surjan innumerables voces que se junten al clásico, citado al comienzo de estas páginas, y que sepan proclamar con convicción y coherencia el “prefiero la peligrosa libertad a la tranquila servidumbre”.

 

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