EL PELIGROSO ESCORAMIENTO HACIA “DEMOCRACIAS AUTORITARIAS”

Por Dolors Oller

         La caída del muro de Berlín en 1989 dió paso a planteamientos como el del “fin de la historia”  de Fukuyama, pero también, por parte de otros sectores y gracias a la conciencia de interdependencia que viene favorecida por la globalización, a la esperanza de poder por fin dar forma a la fraternidad, el olvidado tercer componente  del lema de la Revolución francesa. Transcurrida una docena de años, nos encontramos con que la libertad y la igualdad –los otros dos componentes del lema revolucionario- se hallan en franco y preocupante retroceso debido a la obsesión por la seguridad amenazada que vive nuestro planeta desde los atentados del 11 de septiembre del 2001.

 

Lucha contra el terrorismo y Derechos Humanos

         Desde estos trágicos sucesos se ha utilizado sistemáticamente la amenaza terrorista para violar Derechos fundamentales y libertades básicas por parte de muchos gobiernos, con el agravante de que buena parte de ellos lo son de países con democracias consolidadas que se presentan como adalides de los Derechos Humanos. Ello ha sido denunciado por el último informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos titulado “Ahora que es la hora de saber”, hecho público hace tan sólo unas semanas, que pone de manifiesto cómo la salud democrática de nuestras sociedades se está viendo amenazada por las instancias que precisamente tienen el deber de garantizarla. 

         Esta deriva hacia estados cada vez más policiales y autoritarios parte de una dicotomía falsa, la contraposición entre seguridad y Derechos Humanos, y de ver a éstos como obstáculos para lograr aquella. Ello encuentra su justificación en los deseos de la propia ciudadanía, pues la lucha contra la inseguridad se ha convertido en arma electoral, lo que debería motivar una profunda reflexión acerca de cómo puede pervertirse el ideal democrático y de las causas por las que las democracias han quedado reducidas cada vez más a simples mecanismos de legitimación popular de medidas tendentes a cercenar las bases mismas de la construcción democrática, en perjuicio, por tanto, de la propia ciudadanía.

         Tras los atentados del 11-S la preocupación de los estados por garantizar la seguridad ha llegado a ser una verdadera obsesión: la agenda internacional gira sobre este punto, lo que puede acabar perjudicando a la propia Comunidad internacional a la que se pretende proteger y, en especial, los intereses de los países y de los ciudadanos más débiles. En otras palabras, la seguridad ha tenido preferencia sobre los Derechos Humanos y los intereses geopolíticos y económicos han acabado prevaleciendo, orientando toda actuación en relación a los mismos. De esta suerte, el avance del derecho contra la barbarie que supuso el triunfo de las revoluciones liberales en el ámbito político se está poniendo hoy en tela de juicio, y valores considerados fundamentales desde el punto de vista del derecho y de la democracia se halla en profunda regresión en nombre de una “guerra justa al terrorismo” que vulnera una y otra vez los principios del estado de Derecho y muy especialmente los que hacen referencia a la  garantía y protección de los Derechos Humanos.

 

Los EE.UU y su deriva y su deriva hacia un Estado policial

         Lo que acabamos de señalar se evidencia en el conjunto de medidas adoptadas por los EE.UU ya desde el día siguiente a los atentados y que pusieron en marcha una verdadera “justicia de excepción”, de dudosa legitimidad democrática. A título ilustrativo es bueno saber que el Secretario de Justicia hizo adoptar una ley antiterrorista, la Patriot Act o Ley Patriótica (26 de octubre del 2001) en virtud de la cual se permite a las autoridades arrestar a sospechosos por tiempo indefinido, deportarlos, hacerlos encerrar en celdas de aislamiento, vigilar su correspondencia, sus conversaciones telefónicas o vía internet, registrar sus domicilios sin autorización judicial, etc.

         En base a esta legislación, que vulnera claramente, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia, fueron detenidas centenares de personas, encarceladas durante meses, sin ser presentadas ante el juez ni haber tenido posibilidad de asistencia letrada ni acceso –ellos o sus familiares- al sumario, contradiciendo así el mito de los EE.UU como país defensor de la Libertad. En realidad estas medidas no hicieron sino profundizar la línea regresiva comenzada por el Acta Antiterrorista de 1996, dictada en respuesta al atentado de Oklahoma City que, entre otras cosas, suspendía selectivamente el derecho al habeas corpus, esencia de la libertad angloamericana.

         Asimismo, un Decreto presidencial, el Executive Order de 13 de noviembre del 2001 sobre Tribunales militares de excepción, elaborado sin consulta previa al Congreso y al Tribunal Supremo, puso en marcha Tribunales militares de excepción, habilitados para juzgar a los extranjeros acusados de terrorismo, mediante procesos secretos que pueden tener lugar en navíos de guerra o bases militares; la sentencia –que no precisa la unanimidad para la condena a muerte y que es inapelable- debe provenir de una comisión constituida por oficiales militares; las conversaciones del acusado con su abogado pueden ser escuchadas y el proceso judicial se mantendrá en secreto, no pudiendo hacerse públicos detalles del sumario hasta transcurridos decenas de años. Por su parte, en la Proposición de Ley de diciembre del 2001 de autorización a los Tribunales militares para el enjuiciamiento de terroristas extranjeros, se otorga al Poder Ejecutivo, en relación con los extranjeros no residentes en los EE.UU y sospechosos de cometer actos de terrorismo, poder para que, sin autorización judicial previa, se puedan intervenir las comunicaciones telegráficas e informáticas durante 120 días, bloquear, durante este plazo, sus cuentas corrientes y disponer su detención durante períodos renovables de 6 meses, todo ello con importantes restricciones al ejercicio del derecho al habeas corpus.

         A ello hay que añadir la licencia dada al FBI para que pueda actuar sin restricciones a la hora de investigar a los ciudadanos, eliminándose la mayor parte de medidas restrictivas tomadas hace 25 años, así como la “carta blanca” concedida a la CIA para que pueda llevar a cabo las operaciones secretas necesarias para la eliminación física de responsables de terrorismo, abrogando una decisión de 1974 que prohibía asesinar dirigentes extranjeros. A este respecto hay que constatar que, olvidando lo prescrito por la Convención de Ginebra, en la Guerra de Afganistán se ha procedido con este mismo espíritu de eliminar al adversario, espíritu que no es de justicia sino de venganza, muy impropio de un sistema que se precie de ser democrático. Y para que no pueda intentarse ninguna persecución contra militares estadounidenses por operaciones en el exterior, el Gobierno americano se niega reiteradamente a firmar el Tratado de constitución del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya creación ha significado un paso importante en la lucha contra la impunidad y, por tanto, en favor de una globalización más equilibrada, aunque la falta de ratificación tanto de los EE.UU como otras potencias como la China, la India, Israel o los países árabes, le hace nacer con grandes problemas de operatividad. En una misma línea, el Senado aprobó la American Members Protection Act (ASPA) que permite a los EE.UU tomar medidas, incluyendo la posible invasión de un país para recuperar a todo ciudadano norteamericano sobre quien pese la amenaza de ser llevado ante el TPI.  Como se ve, Washington quiere tener las menos libres para, saltándose cualquier normativa internacional, actuar como le convenga, en cualquier rincón del mundo y sin tener que dar explicaciones, aunque es cada vez menos sostenible el contrasentido que supone que los EE.UU denuncie violaciones de los Derechos Humanos que ocurren en el mundo, mientras se niega a participar en las principales convenciones a favor de la justicia internacional.

         Y la cosa no ha terminado. Mientras escribo estas líneas, el Congreso estadounidense discute la propuesta del Presidente Bush –sobre la que está trabajando también el Departamento de justicia- para establecer un Departamento de Seguridad Interna que responde a la necesidad de coordinar los innumerables organismos encargados de prevenir o reaccionar ante el terrorismo, pero que puede a la vez favorecer que crezca la atmósfera de sospecha generalizada y que ésta acabe en una nueva “caza de brujas” contra cualquiera que ose discrepar de la “política oficial”, tal como ha denunciado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Este proyecto, llamado Terrorist Information and Prevention System (TIPS) va dirigido a que los ciudadanos se conviertan en posibles “agentes contra el terrorismo” y ayuden a las autoridades cuando observen actividades sospechosas. Asimismo, el Presidente Bush ha presentado recientemente un Plan de seguridad interior para librar la guerra contra el terrorismo en su propia casa y que incluye controvertidas medidas que introducen excepciones a la Ley de libertad de información y la revisión de una Ley de 1878 que limita claramente la intervención del Ejército dentro de su propio país en la lucha antiterrorista, todo ello en el marco de un refuerzo de los poderes del Ejecutivo. La controversia puede ir más lejos pues el Presidente tiene la intención de financiar la creación de instrumentos que permitan predecir comportamientos humanos como las “intenciones hostiles”. Dicho plan pretende establecer sistemas de control biométrico a través, por ejemplo, de las huellas dactilares o los ojos, para aplicar a todos los extranjeros que entran y salen de los EE.UU.

         Todas estas medidas de guerra contra la violencia terrorista pueden retrotraer a los EE.UU a la nefasta etapa del Senador Mc Carthy y su “caza de brujas”, así como hacer retroceder el país a la época en que el FBI acosaba a Martin Luther King por considerarlo una amenaza contra la seguridad nacional.

         Como es fácil apreciar, las consecuencias han sido y son nefastas no sólo para la garantía de los Derechos Humanos, sino también porque tales medidas han puesto en tela de juicio la “separación de poderes”, base de la democracia americana, justificando, por paradójico que parezca en el país del “Estado débil”, un fortalecimiento del Ejecutivo que ha visto aumentada su capacidad de actuación, preferentemente en los campos de la justicia y de la policía, pero también incluso en áreas sin aparente relación con la lucha antiterrorista (por ejemplo, la concesión de poderes comerciales muy amplios por parte del Congreso a la Casa Blanca). En realidad, se ha producido una especie de “refundación” del Poder Ejecutivo, que se ha visto fortalecido en torno al aparato de seguridad nacional.

         En este sentido, podemos constatar con preocupación un deslizamiento autoritario sin precedentes en la historia reciente de los EE.UU. Con el argumento de que la democracia ha sufrido un ataque implacable y que se ha de defender, en realidad lo que se hace es ir suspendiendo libertades democráticas, causando la indefensión de los extranjeros detenidos bajo sospechas de colaboración con el terrorismo -a menudo no contrastadas- y poniendo en duda el Estado de Derecho proclamado en la propia Constitución. Ni siquiera en los momentos álgidos de la “Guerra fría” el Ejecutivo de los EE.UU había ido tan lejos: ni las guerras de Corea y de Vietnam dieron lugar a la creación de una justicia paralela como la establecida hoy y que acabamos de comentar, controlada por la Presidencia y el aparato de seguridad nacional.

Siguiendo el ejemplo de los EE.UU

Pero nos equivocaríamos si pensásemos que tal desliz hacia un sistema restrictivo de libertades ha tenido lugar sólo en los EE.UU. Varios gobiernos han aprovechado el horror de los atentados del 11-S y la ola de indignación que provocaron, para socavar la protección y garantía de los Derechos Humanos e incrementar la represión, en especial de la disidencia política. Con la excusa de la lucha antiterrorista, se ha procedido a un endurecimiento de los sistemas legales. Así, el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, la propia España han visto reforzadas también sus legislaciones represivas. 

La  promulgación de medidas represivas en los EE.UU ha surtido efectos miméticos, pues no en vano Norteamérica es la primera potencia mundial y ello la convierte  en modelo de referencia. Asimismo, hay que destacar las presiones de la diplomacia americana sobre algunos gobiernos europeos para que procedan a la extradición de sospechosos de terrorismo, aunque sus Ordenamientos jurídicos lo impidan, al poder ser condenados a penas superiores a las establecidas en sus propias leyes (por ejemplo, la pena de muerte). Por lo que respecta a España, muy preocupante es, al parecer (ya que se trata de un Convenio secreto al que sólo pueden tener acceso un reducido número de parlamentarios a través de la Comisión de Secretos Oficiales), lo establecido en el Convenio de Cooperación para la Defensa entre los EE.UU y España, hace poco aprobado: se da vía libre a los servicios de espionaje de las Fuerzas Armadas de los EE.UU para actuar en territorio español, interrogando, deteniendo personas, llevándoselas directamente a los EE.UU para, una vez allí, someterlas a las medidas ya explicitadas, etc. Es decir, con la firma de este Convenio una policía extranjera actuará en nuestro país dónde y cómo  quiera, cuestión muy seria no sólo porque los EE.UU amplían así su presencia militar en territorio español, sino porque se imponen en nuestro territorio unas reglas ajenas por completo a nuestro sistema judicial, reglas que prescriben incluso la pena de muerte, contraviniendo incluso la legislación y las  prácticas en materia de extradición.

En nombre de la seguridad varios países se apresuraron a aprobar leyes y medidas antiterroristas y de reforma de la justicia, y ha sido tónica habitual la no crítica, por parte de los gobiernos, de la política interna de los demás, con lo cual se puede apreciar un retroceso desde el punto de vista de la globalización de la justicia, de la que estamos todos tan necesitados.

Así, en el Reino Unido el Gobierno aprobó una legislación de excepción muy similar a las medidas tomadas sobre el particular en los EE.UU y que permiten recluir sin cargos ni juicio a ciudadanos extranjeros de forma indefinida, creando de esta suerte un sistema de justicia penal paralelo que no ofrece las garantías esenciales del sistema ordinario (Antiterrorism, Crime an Security Bill de 14 de diciembre del 2001).

Por su parte, el Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida en junio, ha dado el visto bueno al proyecto de reforma de la justicia, cuyo talante represivo se pone en evidencia en la modificación del derecho penal de los menores (encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años que se hayan escapado de los nuevos centros de reeducación) y la Asamblea Nacional ha aprobado el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y a la policía, para su reorganización y ampliación.

 

Los inmigrantes, los más perjudicados

         Y no podemos olvidar que uno de los ámbitos que se ha visto más afectado ha sido el de las medidas relativas a la inmigración: Italia, Alemania, Holanda, el Reino Unido, la propia España han optado por aprobar modificaciones legales tendentes a endurecer las condiciones exigibles a los inmigrantes para entrar en su territorio. La inmigración, por otra parte, se ha convertido en un tema prioritario para la Unión Europea (UE), que ha apostado por la creación de una policía fronteriza común, en una misma línea.

         En Europa se está extendiendo un discurso del miedo frente al inmigrante y los partidos democráticos, con el fin de impedir la instrumentación electoral del tema de la inmigración por partidos populistas o directamente xenófobos y que éstos sigan ganando posiciones en varios países, alterando así el mapa del Viejo Continente, ceden peligrosamente en sus planteamientos para conservar parte de su electorado -¡defender a los inmigrantes no da votos!-, lo que, a la larga, puede acabar beneficiando a quienes se trata de combatir. En este sentido, es preocupante constatar cómo las medidas de control de la inmigración están ayudando en realidad a construir una “Europa fortaleza”, cerrada sobre sí misma, poniendo en peligro la situación de los refugiados quienes, después de cumplidos 50 años de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las NN.UU han visto cerradas las fronteras de la Unión. 

La desmesurada retórica contra la inmigración utilizada por algunas autoridades y medios de comunicación en Europa está contribuyendo a un aumento de la hostilidad y de las agresiones contra los inmigrantes, no sólo por parte de los grupos racistas y xenófobos, sino también de algunos agentes estatales, como ha denunciado repetidamente Amnistía Internacional. Asimismo, algunos países viven un clima de sospecha y desconfianza hacia los extranjeros, especialmente hacia los que proceden de países árabes.

 

La centralidad de los derechos Humanos

 

         En definitiva, los atentados del 11-S han proporcionado a los EE.UU una de las mejores coartadas para que extienda su dominio del planeta. El unilateralismo norteamericano crece, así como su arrogancia cada vez mayor al constatar la falta de un contrapeso a su poder hegemónico.

         Es un derecho incuestionable el que tienen todos los gobiernos a dotarse de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defenderse del terrorismo, pero es un claro error utilizar medios de “autodefensa estatal”, dudosamente democráticos y algunos de ellos incluso criminales. Ello es un atentado a la dignidad humana, impropio de todo Estado que se precie de ser democrático –no hay que olvidar que las garantías de los Derechos Humanos son para todos sin excepción, tanto para los buenos ciudadanos como para los que no lo son- y además, a la larga, producirán efectos contraproducentes como la propia historia nos ha enseñado en múltiples ocasiones. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de regímenes de libertades consolidadas.

 No hay, pues, de cesar en la denuncia de que los procedimientos penales y judiciales acordados tras el 11-S violan las Constituciones de los estados democráticos, así como algunos tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos. La Razón de Estado no debe prevalecer sobre los Derechos Humanos, que no deben ser sacrificados para todo el mundo, pues tales derechos se tienen por el mero hecho de ser personas y están ligados a la dignidad humana. Pero el respeto a los Derechos Humanos debería, además, abarcar no sólo su universalidad, sino también la indivisibilidad de todos ellos, económicos, sociales o culturales, así como políticos y civiles. A medida que avanza la globalización, aumentando la riqueza de unos y la miseria y desesperación de los más, los activistas de los Derechos Humanos no sólo deben promover la justicia legal, sino también, y en el altar del nuevo dios de la seguridad. Solamente bajo el Estado de Derecho puede sobrevivir la democracia. Y bueno es recordar lo que ya dijo Benjamín Franklin: “Los ciudadanos que renuncian a sus libertades para conseguir la seguridad nacional, acabarán sin tener ni seguridad ni libertad”.      

         La gran paradoja es que ya que la democracia ha sido atacada su defensa deba suponer una regresión en el tema de los Derechos Humanos y una pérdida de libertades civiles. La universalidad de los Derehos Humanos se enfrenta hoy a su mayor reto, el del doble rasero y el enfoque selectivo que se está convirtiendo por doquier en norma, sin tener en cuenta que la protección de los Derechos Humanos debe ser universal, muy especialmente, la justicia social. Sólo así la globalización podrá tener rostro humano y no será caldo de cultivo para violencias de todo tipo.

Lo cierto es que el antiterrorismo globalizado nos ha hecho perder a todos bastantes cotas democráticas y nuestros sistemas políticos se han teñido de autoritarismo. Acaba de hacerse público el último Informe sobre el Desarrollo Humano, de las NN.UU (PNUD) que en esta edición lanza un mensaje para profundizar las democracias, a la vez que alerta sobre el peligro de que las secuelas del 11-S sigan debilitando las instituciones mundiales, socavando los Derechos Humanos y agudizando la fragmentación social.  Debemos volver a colocar los Derechos Humanos, la dignidad humana, en un primer plano. Negarse a ello es impropio de un régimen de libertad. Lamentablemente sería una victoria de los terroristas si las democracias, por su causa, persistieran en recortar los Derechos y las Libertades. ¡No nos lo podemos permitir!.

 

 

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