La comunión eclesial y las responsabilidades eclesiásticas a la luz de la gestión de carteras
Por José Miguel Rodríguez
Según dicen los profetas de desventuras, un pluralismo mal entendido está socavando el principio de autoridad en la Iglesia y destrozando la comunión de los fieles en torno a sus pastores. ¡Qué ganas de exagerar! Menos mal que, de cuando en cuando, los hechos vienen a colocar las cosas en su sitio, puesto que ¿cabe encontrar mejor demostración de unidad que la inversión de algo tan escaso y sagrado como los dineros a través de una misma entidad, aunque luego se haya demostrado que era de facto un "chiringuito financiero"? Ahí lo tienen ustedes. Discreparemos sobre muchas cosas, pero varias instituciones significativas de la Iglesia española coincidían en confiar su patrimonio a un chaval con cara angelical, bajo los auspicios de las relaciones político-personales-comerciales de una señora de imagen impecable y hermana de un alto cargo de la Administración pública, con la ayuda técnica de dos ex funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la presencia de un conocido ex cantante, luego compositor de populares sintonías electorales. Esa unidad adquiere caracteres sublimes cuando en el mismo escenario nos encontramos—por una cosa o por otra—con los Huérfanos de la Guardia Civil, la Fundación del Real Madrid, la Mutualidad de la Policía Nacional, la Organización Nacional de Ciegos y, de paso, la Marina, junto con varias decenas de evasores fiscales deseosos de colocar su dinero en paraísos más tranquilos y discretos que el propio Jardín del Edén.
Claro está, algunos medios de comunicación han aprovechado para destacar el asunto en portada y en días de máxima difusión, con no muy rectas intenciones, dicho sea de paso. Otros, incluyendo muchas personas de buena fe a las que conozco desde hace años, sean laicos o clérigos, están pura y simplemente escandalizados por todo lo que están escuchando o de lo que están enterándose, con frecuencia debido a sorprendentes actuaciones o declaraciones eclesiásticas. Y, en medio, no falta una gran nube de confusión, que abarca desde la hipótesis—inverosímil—de que sobra dinero de la aportación estatal, y se está invirtiendo en Bolsa, a las muchas dudas que suscita la transparencia en la administración económica eclesial. Precisamente, esto último quisiera ser el trasfondo de los comentarios que siguen, aun a riesgo de que, una vez más, discrepar desde dentro se equipare a colaborar con el "enemigo exterior", en la mejor tradición de la cultura clánica y el gobierno tribal de las organizaciones. Aquí van mis dudas y, por tanto, mis preguntas.
Ante todo, por qué los fondos de las instituciones de la Iglesia administrados por Gescartera eran importantes. Nadie da explicaciones convincentes. Se dice que la información sobre las ventajas de operar con Gescartera pasó de boca en boca (eclesiales ambas), es decir, un proceso de difusión similar a una epidemia de gripe. Pregunta: ¿será que existen dentro de la Iglesia mayores grupos de riesgo al respecto que en otras instancias de la sociedad? Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué se debe? ¿La intensa comunión eclesial a la que antes nos referimos? ¿Agentes comerciales con muy buenos contactos con los correspondientes ecónomos, de la misma forma que parece que un determinado y conocido banco sigue disfrutando de una "cuota de mercado" hegemónica dentro de este bendito "sistema financiero"? ¿A quiénes se pidió opinión para contrastar la conveniencia de trabajar con Gescartera? ¿Será que no tenemos la costumbre de vacunarnos con "buenas prácticas" de administración? Silencio. Cualquier grupo de empresas que perdiera tanto dinero—incluso aunque tuviera una estructura muy descentralizada y autónoma—iniciaría de inmediato una investigación en cada una de ellas, o animaría a que éstas la realizasen e hiciesen pública por sí mismas, debido a dos razones evidentes: por una parte, un elemental sentido de la responsabilidad ante la sociedad en general y ante sus "partícipes" (en nuestro caso, fieles, bienhechores, etc.) en particular; por otro lado, para saber si existen factores internos (procedimientos de decisión inapropiados, incompetencia en la gestión, falta de control colegiado,…) o externos (por ejemplo, relaciones de intereses de raíz personal, política, etc.) que han contribuido a los hechos y deben ser modificados o eliminados de inmediato. Si así procedería una empresa "mercantil", ¿no habría de hacerlo con mayor motivo una comunidad de creyentes?
Tras haber transcurrido varios meses, aquí "dentro", que se sepa, nadie ha dimitido, a nadie se han exigido ni pueden exigirse responsabilidades y la vida sigue "casi igual", pese a que todos los miembros de la Iglesia hayamos sido afectados de diversos modos, siquiera sea porque—justificada o injustificadamente, que lo mismo da a estos efectos—hayamos escandalizado al ciudadano corriente. La consigna es simple, la mejor para las grandes ocasiones: prietas las filas e impasible el ademán. El mundo no nos comprende, ni hemos de esperar que nos comprenda, luego ¿para qué dar explicaciones detalladas y algo más que "a la defensiva"? Lástima que al vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española se le hayan escapado expresiones como éstas: "¿Dónde quiere que esté el dinero de la Iglesia? ¿En la Luna? El dinero de la Iglesia tiene que estar en los mercados", frases que me atrevo a calificar como mínimo de poco afortunadas en las actuales circunstancias y con tantas sensibilidades a flor de piel… Claro está, bien pensado, la política aplicada para el tratamiento del problema ante los medios de comunicación tal vez sea la única posible: otras alternativas habrían puesto en peligro gran parte del enfoque que hoy impera sobre cómo debe ser el gobierno de la Iglesia y las relaciones entre ésta y el conjunto de la sociedad. Además de que no resulta fácil explicar a mucha gente en qué consiste una SIMCAV—una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable, como es el caso de Umasges, en la que participan algunas organizaciones eclesiales y gestiona una sociedad "normal" de Bolsa—y por qué tales organizaciones necesitan una SIMCAV específicamente suya (¿será una consecuencia insospechada de la Iglesia "de presencia"?). Así que nos tenemos que conformar con leer los periódicos—en este asunto podemos conducirnos como el resto de los mortales—y seguir dando vueltas a la pregunta de por qué en las varias listas de inversores actuales o pasados clientes que están saliendo a la luz, aparecen las Agustinas Misioneras de la Provincia de San Agustín, la Fundación Emilio Álvarez Gallego (obra social creada en torno al Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid), la Orden de San Agustín (Provincia de España), las Filipenses Misioneras de Enseñanza, Manos Unidas, clarisas, cistercienses, dominicas, esclavas, Hermanos de la Doctrina Cristiana, salesianos y salesianas, una fundación de los terciarios capuchinos, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, los obispados de Astorga y Palencia, el arzobispado de Valladolid, etc., e incluso la Parroquia de San Miguel Arcángel… Parece, pues, que no existe alternativa a la tradicional y prudente reserva que siempre ha caracterizado a la Iglesia cuando se habla de ese molesto y desagradable asunto de los dineros. ¡Bastante tenemos con dar gracias todos los días a Guillermo de Occam por facilitarnos la tranquila coexistencia entre la riqueza de una comunidad o institución religiosa y la pobreza apostólica de sus miembros!
Mucho se ha discutido el hecho de que alguna diócesis tuviera la suerte de recuperar sus fondos a tiempo, aunque todo parece indicar que, en buena medida, gracias a entradas de dinero procedentes de otros inversores. En concreto, la carta pastoral del arzobispo de Valladolid afirma que "no se puede servir a dos señores antagónicos, a Dios y al dinero, y que no hay nada oculto que no llegue a saberse". ¡Cuánta razón tiene, mi querido D. José! Esto me anima a poner algunos ejemplos de lo que puede ser un esfuerzo en pro de la transparencia informativa y la eliminación de contradicciones. Así, expliquemos públicamente—más allá de la obligación de hacerlo en sede judicial—los detalles del origen, los rendimientos y la evolución en el tiempo de los fondos invertidos a través de Gescartera, la procedencia concreta de los flujos de tesorería que periódicamente se colocaron, cuál es la génesis de las primeras relaciones que se establecieron con Gescartera y cómo fue la secuencia de hechos que llevaron a darlas por concluidas, a qué se destinó el dinero recuperado muy oportunamente (tan pronto se dice que a construir templos—al menos en parte—como se afirma que sigue invertido—junto con "algo más"—en valores mobiliarios y colocaciones análogas), a cuánto asciende hoy el patrimonio en cuestión, dónde está invertido y quién o quiénes han sustituido a Gescartera en su administración, etc. Hacer esto, no sólo es lo que se espera en una comunidad eclesial madura, sino que constituye la única forma de fomentar la corresponsabilidad y facilitar que todos podamos alzar la voz razonadamente ante acusaciones injustificadas. Mientras no se haga así, cualquier periodista o tertuliano pondrá el dedo en las contradicciones innegables que han emergido, a veces por parte de las mismas personas en sucesivas declaraciones. Es el caso, por ejemplo, de las circunstancias que rodearon la retirada de fondos, la naturaleza de la inversión y su carácter (renta fija o variable), por qué se remitieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores certificados distintos y progresivamente más completos de conformidad de saldos, o si se entró en relación con Gescartera por razón de su solvencia y seguridad o por ofrecer rendimientos por encima de los habituales (se habla de que pagaba una rentabilidad del 10 por ciento y que esto era inferior a lo habitual; pero, tras una ojeada al Boletín Estadístico del Banco de España, parece significativo que en 1996 la rentabilidad de la deuda del Estado no llegó al nueve por ciento ni siquiera en los títulos a quince años, y fue disminuyendo de forma continua, hasta situarse en poco más del cinco por ciento para ese plazo en 1999, de modo que las rentabiliades por encima del 10 por ciento eran típicas de 1995 o años anteriores, fuera del periodo en discusión).
Llegados a este punto, uno se pregunta el porqué del miedo a la transparencia informativa. Nada relacionado con estas inversiones exige reserva, ni siquiera cabe hablar de "prudente reserva". En la sociedad contemporánea, todas las organizaciones importantes editan periódicamente Memorias de sus actividades e incluyen la lista detalla de sus inversiones. Incluso lo hacen los Fondos de Inversión Mobiliaria, pese a que eso implica que la competencia va a conocer su política de inversiones: no les importa, precisamente porque son "Memorias", o sea, representan "el pasado", de suerte que aportan información explicativa de la gestión sin otras consecuencias "colaterales". ¿Nos da miedo salir en los periódicos por estos temas, que todo el mundo se entere del dinero que tenemos y dónde y en qué condiciones lo invertimos? ¿Por qué no nos comprometemos en la Iglesia a la difusión pública de cuentas anuales detalladas, informes de gestión y auditorías? Sería el comienzo de un proceso de información coherente con la "mayoría de edad" que hoy tienen nuestras comunidades. A la vez, permitiría implicarse en pedir explicaciones pormenorizadas sobre las procedencias y los empleos del dinero, lo que, en paralelo, debería llevarnos a preguntar acerca del cumplimiento de los planes pastorales (y las correspondientes responsabilidades), poniendo fin así a una de pocas organizaciones del mundo en que todavía sólo se responde ante Dios y ante la Historia. ¿O es que es esto último lo que, en realidad, da miedo?
Además, hemos de admitir que el caso Gescartera puede llamar la atención por la facilidad con la que las instituciones eclesiales parecen estar moviéndose en el marco de las nuevas vías e instrumentos para colocar fondos. Posiblemente, muchos ciudadanos corrientes serían incapaces de señalar la diferencia entre una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva—un tipo de sociedad existente en el grupo Gescartera desde 1997—y una sociedad gestora de carteras, luego convertida en agencia de valores—una sociedad de otro tipo, también integrada en el grupo—. Pero tal vez no sea tan cierto que, de hecho, todos nuestros ecónomos dominen en detalle el proceloso y amplio mar de las innovaciones financieras. Probablemente, se conforman con aplicar su mejor buena voluntad, en muchas ocasiones sin los conocimientos o el asesoramiento profesional pertinente, quién sabe si guiados por una equivocada apreciación del equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Quizá ahí resida la explicación de alguna otra cosa todavía poco aclarada y, por ello, en principio sorprendente: su desconocimiento de que las diversas sociedades pertenecientes al grupo Gescartera no pueden, legalmente, recibir tal cual depósitos de fondos a cambio de un interés preestablecido, pues esa es una actividad sólo permitida en toda la Unión Europea a los establecimientos de crédito autorizados (bancos, cajas, de ahorro, cooperativas, de crédito,…). Además, el sentido común lleva a preguntarse cómo es que esos ecónomos no investigaron en qué invertía Gescartera el dinero para poder pagar mejores intereses—así lo han reconocido muchos inversores no eclesiásticos—que otras entidades financieras.
En la economía teórica, "especular" no tiene un especial significado peyorativo, pues consiste simplemente en intentar predecir el curso de los futuros acontecimientos y anticiparse, actuando de forma apropiada para conseguir una ganancia. Ahora bien, en la economía práctica cabe hablar de "operaciones especulativas", con un significado que acostumbra incluir valoraciones moral y socialmente negativas. Así, por ejemplo, las autoridades públicas responsables de la supervisión y control de los bancos suelen intentar poner coto a las operaciones que impliquen un riesgo de pérdida "excesivo" en comparación con los presuntos beneficios previsibles y la riqueza inicial de que se dispone, calificándolas de "operaciones especulativas", impropias de un banquero prudente que trabaja fundamentalmente con dinero ajeno (aplicación a este caso del criterio del canon 1.284 sobre el ecónomo como administrador con la diligencia de un "buen padre de familia"). Y esto a pesar de que esas autoridades públicas saben que, para que un riesgo alcance subjetivamente la categoría de "excesivo", intervienen factores personales: en concreto, la peculiar psicología del sujeto (tradicionalmente se ha dicho que los cadetes de la academia militar estadounidense de West Point solían ser "propensos al riesgo", mientras que los estudiantes de la Harvard Business School resultaban ser adversos al riesgo,… hasta que en los felices ochenta estos últimos descubrieron el placer morboso del riesgo financiero). Sin embargo, como queda dicho, las autoridades consideran que existe algún consenso lógico respecto a lo que puede entenderse como "riesgo excesivo" a juicio de los profesionales. Pues bien, se diría que una ingenuidad seráfica—e incluso un probable candor mariano—ha cegado la vista de nuestros ecónomos, que parece que no podían ni sospechar que recibir intereses superiores a lo habitual tal vez fuera consecuencia de que por detrás había actividades de riesgo "excesivo", a juicio de un buen padre de familia; y mucho menos imaginarse operaciones propias de las "finanzas Ponzi" (así denominadas en recuerdo del estafador estadounidense del mismo nombre, que, en los años veinte del pasado siglo, pagaba los intereses y la devolución de inversiones echando mano de nuevos fondos procedentes de otros inversores).
En fin, los breves comentarios que preceden sólo tienen una finalidad: subrayar la urgente necesidad de transparencia en la información financiera y profesionalidad en la administración de los recursos económicos eclesiales. Algo que algunos no hemos dicho ahora por primera vez; y que nos gustaría ver unido con la creación de nuevos cauces para que todos los miembros de la Iglesia o de sus respectivas organizaciones puedan participar activa y corresponsablemente en la administración de los pertinentes fondos. Podemos empezar a consensuar y generalizar unos criterios éticos aplicables a la hora de decidir los posibles destinos de los dineros. No faltará quien defienda la continuidad de la actual situación, puede que alegando la ausencia de razones para el cambio ahora, cuando hasta los más ricos imitan la "prudente reserva" de las finanzas eclesiales y efectúan sus inversiones en lugares exóticos, con mayores garantías de confidencialidad que en la decadente Suiza. Frente a ello, ¿por qué no imaginarnos una Iglesia emulando al Ayuntamiento de Porto Alegre y preguntando a los fieles en qué desean que se gaste o se invierta el dinero recibido? ¿O es que nos vamos a aferrar a que fiel viene de fidelis y esto tiene algo que ver con fides, de modo que los fieles necesitan creer y confiar en lo que no ven (incluidos depósitos, valores y demás títulos), como única forma de seguir siéndolo?
José Miguel Rodríguez