VOCES Y SILENCIOS ECLESIALES EN LA GUERRA DE AFGANISTÁN[1]

Julio Luis Martínez, S.J.

    Profesor de Moral Social de la Universidad Pontificia Comillas

 

Desde que se produjeron los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, entre la copiosa floración de análisis e informes sobre la situación, han ido apareciendo escuetas noticias en los medios de comunicación que se refieren a las distintas sensibilidades de la jerarquía católica ante la respuesta militar al ataque terrorista. Nada menos que se ha señalado el contraste de pareceres entre el Papa Juan Pablo II y la Conferencia Episcopal norteamericana (USCCB, United States Conference of Catholic Bishops), así como los equilibrios que, ante las preguntas de los periodistas, tuvo que hacer el portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, durante el viaje del Papa a dos países vecinos de Afganistán, Kazajstán y Armenia, diez días después del ataque terrorista. El viaje se celebró a pesar de la crisis internacional abierta y con la garantía norteamericana de que mientras el Papa estuviese por esa zona no daría comienzo ninguna acción militar sobre Afganistán.

            Ante este panorama procede preguntarse si la percepción de los medios sobre las “distintas sensibilidades” se corresponde con la realidad de los hechos y, caso de que así sea, intentar conocer las claves que las sustentan. Todo esto nos llevará a hacer una breve exposición del estado de cuestión de la doctrina social de Juan Pablo II y de la USCCB sobre la paz y la guerra. 

 

Las reacciones de los líderes eclesiales ante la crisis

En primer término quiero adelantar mi convicción de que la existencia de distintas sensibilidades dentro de la Iglesia católica ante una respuesta militar como la que actualmente se lleva a cabo en Afganistán responde, aunque no se reconozca expresamente, a la realidad de los hechos. Sin duda, los medios de comunicación tienen gran poder para “fabricar” polémicas que merezcan el rango de noticia, pero en este caso se han ajustado a los escuetos datos e incluso cabe decir que los han elaborado con bastante sobriedad. Las diferencias se tornan problemáticas cuando lo que sale a la luz es la división entre el planteamiento del Papa y el de un grupo de obispos que ha hecho una declaración determinada sobre un asunto que pertenece a su competencia episcopal y afecta a los fieles dentro de su ámbito territorial y bajo su ministerio pastoral. Como estamos en un terreno de la moral cristiana en el que la aplicación de los principios doctrinales a las circunstancias se torna determinante del juicio moral, cabe razonablemente suponer que las diferentes opiniones e interpretaciones son admisibles. En efecto, el pluralismo de tradiciones éticas –no violencia y guerra justa desde el siglo IV— figura en las mejores exposiciones sobre el particular, pero cosa diferente es catalogar como pluralismo legítimo la divergencia de opinión entre los obispos locales y el obispo de Roma, servidor de la comunión eclesial universal, ante un tema de la gravedad del que nos ocupa. 

En los días que siguieron al ataque terrorista el Papa apeló a la “magnanimidad de los fuertes”. (La palabra “fuertes” designa paradójicamente a los compatriotas de las víctimas de los ataques terroristas). Juan Pablo II lanzó varios mensajes a la comunidad internacional en los que aseguraba que “la resolución del conflicto no pasaba por las armas sino por la negociación y el diálogo”, y pedía que “la justicia predominase sobre la venganza y que el diálogo sobreviviese al riesgo de un conflicto bélico”. También enfatizó el deber de no permitir que lo que ha sucedido lleve a ahondar las divisiones, así como que nunca se utilice la religión como motivo de división y conflicto.

 Podríamos pensar que este tipo de frases forma parte de una retórica religiosa o que no pasan de ser invocaciones piadosas proferidas por un líder religioso, pero en realidad en el contexto de consternación general en el que se proferían y con más de un noventa por cien de los norteamericanos pidiendo una respuesta militar inmediata, palabras como las mencionadas no eran nada protocolarias y sí muy expresivas, tanto que concitaron la atención de los periodistas y que pronto dejaron de emitirse, y no a causa del deteriorado estado de salud del pontífice sino de razones de mayor calado eclesiástico.

Al mismo tiempo que Juan Pablo II se expresaba en los términos referidos los obispos norteamericanos (al hablar así no pretendemos hacer generalizaciones injustas) daban por sentado que se iban a producir respuestas militares y pedían que éstas se atuviesen a los límites morales sobre el uso de la fuerza. Días más tarde, el 9 de octubre, con la guerra en pleno apogeo, el Presidente de la USCCB y obispo de Galveston-Houston Joseph A. Fiorenza hacía una declaración oficial sobre la denominada “respuesta militar” o “acción militar” de los EE.UU. (Nótese que la terminología empleada evita con toda intención el lenguaje bélico, sobre todo la palabra guerra). Reproducimos aquí las frases más significativas:

“Renovamos la llamada de que nuestra respuesta militar debe guiarse por los límites morales tradicionales del uso de la fuerza. La acción militar es siempre lamentable, pero puede ser necesaria para proteger al inocente y defender el bien común. Apoyamos los esfuerzos para aclarar que esta respuesta va dirigida contra los que usan el terror así como contra los que los ayudan, no contra el pueblo afgano o el Islam. Las medidas para garantizar la seguridad de los civiles inocentes son necesarias e importantes. Apoyamos decididamente las iniciativas humanitarias destinadas a paliar la difícil situación del pueblo afgano, en especial de los refugiados y de los civiles desplazados.

Nos sentimos confortados con los esfuerzos para edificar una coalición global que busque la justicia y una respuesta amplia que utilice medios diplomáticos, económicos y humanitarios así como los legítimos medios militares”[2].

 

El apoyo de los obispos norteamericanos a la “acción” o “respuesta militar” se elabora a partir del derecho que asiste a la legítima defensa contra una agresión de hecho, cuyo carácter brutal, desproporcionado y simbólico haría imprescindible la reacción. La protección del inocente y la defensa del bien común se invocan como pilares sobre los que reposa la moralmente legítima respuesta.

Se plantea como una acción de legítima defensa que contiene importantes peculiaridades, omitidas en la declaración del obispo Fiorenza, pero que aquí no hemos de ignorar, porque alteran la lógica tradicional de la legítima defensa: a) El agresor permanece oculto y nadie se identifica como tal, al menos en un primer momento; b) el agresor no es un Estado sino un grupo terrorista. Evidentemente, saber quién es el enemigo es condición sine qua non para poder responderle y, por tanto, para que puede darse cualquier acción de legítima defensa. Dada la magnitud del atentado inmediatamente se apunta a la relación directa de los terroristas con uno o más Estados, especialmente se señala al Estado afgano bajo el régimen talibán: es interesante constatar el corrimiento sutil que se va haciendo desde referirse a individuos o grupos de terroristas islámicos de corte fundamentalistas hasta identificar como sujeto agresor a un Estado terrorista que apoya y cobija a los terroristas. Además, como la amenaza constante y difusa de nuevos ataques pertenece a la entraña misma del fenómeno terrorista se considera que la respuesta diferida en el tiempo sigue siendo respuesta a una agresión actual. (A este respecto la alerta permanente y dilatada en el tiempo frente a ataques bacteriológicos cumple la función –no quiero decir con ello que sea pura especulación o ficción, pero el hecho es que los responsables no han sido identificados o al menos no se ha hecho pública su identidad—de avivar y mantener la llama de la amenaza terrorista que pende sobre el pueblo norteamericano y, por asociación, sobre el conjunto del mundo occidental. Con todos estos elementos –el enemigo identificado, un Estado responsable de la agresión, la amenaza pendiendo sobre todos--  parece que se dan las condiciones necesarias y suficientes plantear la intervención como legítima defensa armada en los términos tradicionales.

Así las cosas, ante las incisivas preguntas de los periodistas en torno a la posible contradicción entre la posición del Papa y de los obispos norteamericanos, Navarro Valls tuvo que hacer equilibrios para mostrar la compatibilidad y armonía entre ambas perspectivas. En esa línea explicó que “el Papa comprendía las dificultades a las que se enfrenta un líder político que tiene que dar una respuesta a tales hechos”, reconociendo el derecho que asistía a los líderes políticos para llevar a cabo una acción en legítima defensa, incluso con métodos agresivos, en nombre de la sociedad contra los que le han hecho un daño enorme y pueden continuar haciéndolo ya que los terroristas siguen libres; “a veces es más prudente actuar que ser pasivo”. Al preguntarle si entonces el Vaticano cambiaba su posición precedente, Navarro lo negó remitiendo al Catecismo de la Iglesia católica que, en efecto en sus nn. 2307 a 2317 recoge la moral clásica sobre la legítima defensa mediante la fuerza militar: La legítima defensa es un deber grave para quien es responsable de la vida de otro hombre o del bien común[3].

El portavoz del Vaticano añadió también una frase que desconcertó a muchos: “el Papa no es un pacifista”. Esta frase merece que tratemos de analizarla, como sin duda también lo merece la ausencia de declaraciones del Pontífice contra la guerra que se está librando, en claro contraste con otras situaciones de crisis bélica internacional recientes y aún frescas en la memoria. Por ejemplo, el medio centenar de veces que Juan Pablo II intervino en relación a la guerra del Golfo, en la que también EE.UU. era actor principal y, por tanto, también estaba directamente implicada la USCCB.

 

Unas preguntas para situar el escenario inédito en el que estamos

¿Qué factores novedosos se están dando a raíz de los atroces sucesos del 11 de septiembre que han influido tanto en la toma de posición de los obispos norteamericanos y en las declaraciones públicas de Juan Pablo II? ¿Hay tensiones doctrinales subyacentes a distintas sensibilidades ante los conflictos o más bien estamos ante un posición de modus vivendi o de adaptación de principios a unas circunstancias de excepción? ¿Habrá acaso orientaciones doctrinales diferentes e incluso contrapuestas detrás de las diferencias o se trata más bien de la influencia decisiva de los contextos? ¿No será acaso que la respuesta de los obispos estadounidenses está tan condicionada socialmente por la reacción de sus compatriotas severamente afectados por el miedo que ni siquiera se han dado las condiciones para distanciarse racionalmente y plantear un análisis ético sobre las posibilidades de la respuesta ante el terrorismo? ¿Marcan los atentados de Nueva York un punto de inflexión en la doctrina católica sobre la guerra? Aquí no pretendemos responder a toda esta batería de preguntas, sin embargo no nos resistimos a hacer algunos sondeos exploratorios que nos abran las pistas de la reflexión moral.

 

¿Adónde ha llegado la doctrina católica sobre la guerra tras la II Guerra Mundial?

            La doctrina social de la Iglesia sobre la guerra limitó durante el pontificado de Pío XII la causa justa a la legítima defensa. Los horrores de las dos guerras mundiales y el potencial devastador existente en las décadas de la “guerra fría” llevaron a que, en la práctica, la tradicional teoría de la guerra justa quedase circunscrita a las guerras de defensa legítima.  El potencial de destrucción que entrañaban las nuevas armas científicas (nucleares, químicas, biológicas) hacía inviable en la práctica el cumplimiento de las estrictas condiciones para justificar una intervención bélica e inclinaba al sentido común a contemplar únicamente la defensa como causa de respuesta bélica militar justa: El nuevo rostro de la guerra era “el de la crueldad intrínseca que amenaza con una barbarie que supere enormemente los tiempos pasados” (GS, 79a). Hoy se ha ampliado la consideración de causa justa a las intervenciones humanitarias, cuando se producen vulneraciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos. Es la nueva doctrina del derecho a la injerencia en los asuntos de otros Estados en razón de los derechos humanos o derecho a la injerencia humanitaria. Algunos ven en esta ampliación una renovación y el retorno de la guerra justa[4], mientras que otros no aceptan tal derivación[5].

La evolución de la doctrina católica en el sentido de poner cada vez más dificultades a la justificación de la guerra y más facilidades a la opción a favor de la no-violencia activa se aprecia perfectamente al analizar las encíclicas de los Papas de las últimas décadas: Pío XII prefiere hablar de legítima defensa más que de guerra justa; Juan XXIII acentúa lo absurdo de la guerra; el Vaticano II pide examinar la guerra con una mentalidad totalmente nueva, y Pablo VI sobre todo hace además hincapié en el escándalo de la carrera de armamentos. No es que la respuesta militar se excluya de modo absoluto y definitivo, porque en ninguno de los lugares referidos se llega a eliminar la posibilidad de una acción militar justa, lo que ocurre es que se estima prácticamente desalojada su posibilidad si se aplican los criterios de la guerra justa teniendo en cuenta las circunstancias en las cuales cualquier conflicto armado se tendría que desarrollar y el horizonte aterrador de la “guerra total” que terminase en un suicidio de la humanidad.

            El pontificado de Juan Pablo II ha remarcado aun más la necesidad de la abolición del uso de la fuerza, sin repudiar de modo absoluto la legitimidad ética de la misma como legítima defensa o intervención humanitaria. En una ya larga serie de intervenciones a lo largo de su pontificado, el Papa se declara abogado de la no-violencia, por imperativos racionales y evangélicos, incluso ante la injusticia del orden social. En Dgrogheda (Irlanda), en 1979, dijo: “Proclamo, con la convicción de mi fe en Cristo y con la conciencia de mi misión, que la violencia es un mal, que la violencia es inaceptable como solución a los problemas, que la violencia es indigna del ser humano…La violencia destruye todo lo que clama defender: la dignidad, la vida, la libertad de las personas”. En Sudáfrica, en 1988: “Sobre todo, debéis renunciar a toda forma de violencia y de odio. La violencia sólo engendra más violencia…El aumento de la violencia en el mundo nunca será detenida respondiendo del mismo modo”.

            Junto a estas declaraciones frontalmente dirigidas contra el uso de la violencia, siempre ha dejado un resquicio para el empleo legítimo de la misma. A este respecto son bien expresivas sus palabras en la Jornada Mundial de la Paz de 1982: “Los cristianos no tenemos duda en recordar que, en nombre de los justicia más elemental, los pueblos tienen el derecho e incluso el deber de proteger su existencia y libertad por medios proporcionados contra el injusto agresor”[6].

            La Guerra del Golfo de 1990-91 constituye un caso paradigmático en este camino que brevemente repasamos. Juan Pablo II tuvo reiteradas intervenciones públicas antes y durante el desarrollo del conflicto. Aunque el Papa no hizo un pronunciamiento formal y definitivo, el tono de sus observaciones fue claramente opuesto a la guerra. Con todo, ni los pronunciamientos condenando la violencia del tenor de los aludidos, ni las consideraciones de la guerra como medio inaceptable para resolver los conflictos entre las naciones, conllevan, en la visión de Juan Pablo II, una negación a la defensa del derecho y el deber de los pueblos a proteger su existencia y su libertad con medios proporcionados.

            En los últimos tiempos, en un escenario de mundialización se está reconsiderando teórica y prácticamente la soberanía de los Estados nacionales y, con dicho cuestionamiento, la su inmunidad interna ha perdido buena parte de su carácter incuestionable, y donde ya no está vigente la lógica del equilibrio bipolar de bloques, crueles conflictos a lo largo del globo se han encargado de plantear nuevos retos sobre la legitimidad de la intervención militar –y no sólo la vinculada a la autoridad internacional de la ONU— para impedir el genocidio u otros crímenes contra la humanidad. Sucede como si al conocer las atrocidades cometidas sistemáticamente contra gentes inocentes la guerra justa recuperara, frente a la no-violencia activa, buena parte de su potencial histórico; potencial que J. C. Murray expresó en los siguientes términos: "La única actitud interior alimentada por la doctrina tradicional es una voluntad de paz que lleva dentro de sí la voluntad de hacer respetar, en caso extremo por la fuerza de las armas, el precepto de la paz. Pero esta voluntad es una volunta moral pues es igualmente una voluntad de justicia"[7].

            En el Mensaje de la Jornada de la Paz de 1 de enero de 2000, Juan Pablo II mantiene la tensión entre la no-violencia y la intervención: “Quiero reafirmar mi profundo convencimiento de que, ante los actuales conflictos armados, la negociación entre las partes, ayudada con las oportunas intervenciones de mediación y pacificación llevadas a cabo por organismos regionales e internacionales, asume la máxima relevancia, para prevenir los mismos, y una vez que han estallado, para que cesen, restableciendo la paz por medio de una ecuánime resolución de los derechos y de los intereses en juego (…) Evidentemente, cuando la población civil corre el peligro de sucumbir ante el ataque de un agresor injusto y los esfuerzos políticos y los instrumentos de defensa no violenta no han valido para nada, es legítimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor[8]”. Con motivo del Jubileo 2000, ante un auditorio formado por 70000 representantes de las fuerzas armadas de 50 países de todos los continentes, el Papa reiteró la licitud de la "injerencia humanitaria" como recurso extremo: "Tras el fracaso de los esfuerzos de la política y de los instrumentos de defensa no violentos, el último intento para detener la mano del injusto agresor". En suma, el derecho de "injerencia humanitaria" es uno de los  de los conceptos incorporados al acervo de la doctrina social de la Iglesia en temas de paz-guerra. La Santa Sede lo "patentó" cuando arreciaba la guerra en Bosnia –más tarde se recuperó en Kosovo— y las poblaciones civiles pagaban el más duro tributo a la agresión de las fuerzas serbo-bosnias apoyadas por el régimen de Belgrado.

            Así pues, podemos afirmar rotundamente que Juan Pablo II ha trabajado mucho y bien por la paz, pero de este intenso y tenaz trabajo no se deduce que sea un pacifista. La enigmática frase del portavoz del Vaticano lo ha expresado muy bien.

 

El dinamismo de la moral cristiana ante los cambios del mundo

            Ante la muy razonable pregunta de si  Juan Pablo II ha tenido que rectificar sus puntos de vista, creo que es compleja y por eso la respuesta tiene que ser matizada. Podríamos decir, por una parte, que el pensamiento de Juan Pablo II no entra en contradicción con las reflexiones mantenidas en sus más de veinte años de pontificado, pues nunca llegó a abandonar de modo absoluto el principio que permite el empleo de la fuerza para oponerse a la violencia y la injusticia. Siempre el pensamiento del Papa Wojtyla ha expresado un rechazo categórico del recurso a la fuerza en situaciones de conflicto interno, pero, al mismo tiempo, nunca ha cerrado totalmente la puerta al reconocimiento del derecho de los Estados a utilizar la fuerza como último recurso, planteando la sospecha crucial de si responder militarmente, en las actuales circunstancias, es un medio proporcionado.

Pero también es verdad, por otra parte, que hay una cierta modulación doctrinal de acuerdo con las nuevas condiciones del mundo en las que el cristiano se hace la pregunta moral. En este nuevo escenario se abre no sólo la legítima defensa sino también la posibilidad efectiva de injerencia militar en asuntos de otros Estados por parte de la comunidad internacional a través de las organizaciones legitimadas para determinar y aplicar sanciones en el marco del derecho internacional. Hablamos de una intervención militar para defender a terceros, es decir, aun cuando los Estados que injieren en los asuntos de otro no puedan invocar razones de legítima defensa aduciendo las razones tradicionales, sí lo pueden hacer por razones de humanidad, a saber, por defender los derechos humanos fundamentales y restaurar las condiciones básicas de la dignidad humana, siempre que las demás posibilidades hubieran fracasado. De algún modo, podríamos decir que el sujeto de la legítima defensa pasa a ser toda la humanidad, que se siente atacada ante determinados crímenes cometidos contra una parte de ella, y ese ataque genera  la obligación moral de la defensa por parte de aquellos que tienen capacidad para responder.

La situación actual se presenta –creo yo— bajo una interesante combinación de estas dos perspectivas de la legítima defensa: 1) la legítima defensa frente a una descomunal agresión sufrida por un Estado, que además coincide con ser la superpotencia mundial; y 2) la agresión que sufre la humanidad, toda vez que el atentado terrorista ha matado a gentes de decenas de países y ha tocado a instancias simbólicas fundamentales que representan los valores innegociables de la cultura occidental. Con esta doble perspectiva tiene que ver también –a mi juicio— la ambivalencia que presenciamos entre la unilateralidad de la respuesta de EE.UU. (más el Reino Unido), por un lado, y, por otro, la búsqueda de una coalición internacional contra el terror en la que la ONU sí desempeñaría alguna –aunque pequeña— función.

 

La USCCB en la encrucijada presente: guerra justa para defender la paz

El tratamiento que los obispos norteamericanos han dado a las cuestiones de la paz y la guerra me parece verdaderamente valioso, riguroso, y creo que no exagero si digo que se ha convertido en referencia imprescindible de la moral social cristiana en las últimas décadas. Por eso, ante unos hechos de la envergadura de los actuales, no sería serio prescindir de sus documentos para comprender cuál es su posición. De hecho, la página-web de la USCCB remite a los que acceden a ella para conocer cuál es el punto de vista de los obispos sobre la guerra a dos documentos separados entre sí una década: The Challenge of Peace. God´s Promise and Our Response  (1983) (en adelante: ChP) y The Harvest of Justice is Sown in Peace (1993). Ni que decir tiene que la novedad inesperadamente trágica de los atentados en New York y Washington no han dado aún tiempo ni distancia para generar nueva doctrina, de momento lo que hay es una especial aplicación de la doctrina existente.

La tradición ética cristiana de la no violencia activa a favor de la justicia y la defensa de los derechos humanos es presentada por los documentos citados como la ética primaria de la comunidad cristiana. A ella se sumó, a partir de los últimos tiempos del Imperio romano, la tradición de la guerra justa, la cual hoy ocuparía un lugar de tradición ética secundaria, aunque a lo largo de los siglos fue la tradición dominante. Lo que importa es resaltar que tanto la tradición de la guerra justa como la de la no-violencia ofrecen una guía o visión moral significativa (significant moral insight), pero siguen siendo contrastadas en un mundo marcado por tanta violencia e injusticia. Reconociendo esta diversidad de opinión, la Conferencia episcopal de EE.UU. quiere reafirmar la enseñanza tradicional de la Iglesia respecto de las condiciones éticas para el uso de la fuerza por parte de la autoridad pública que ofrece criterios para la política pública y para la elección individual, dentro de un marco en el que se sobre todo se busca la paz, se pretende evitar la guerra y se afirma el derecho del Estado a la defensa legítima.

La opción fundamental se expresa diciendo que “la enseñanza de la Iglesia establece una fuerte presunción que obliga a todos en contra de la guerra, para a continuación examinar cuándo esta presunción puede ser anulada, precisamente para preservar la clase de paz que protege la dignidad y los derechos humanos (ChP, 70). Ahora bien, en un mundo pecador, “el cristiano no tiene otra elección que defender la paz, propiamente entendida, contra la agresión. Esta es una obligación inalienable. Cómo defenderla es lo que ofrece opciones morales” (ChP, 73). Y en la presente encrucijada los pastores de la Iglesia católica estadounidense juzgan que entre los dos caminos distintos pero complementarios (ChP, 74) e interdependientes (ChP, 120) en la prosecución del bien común  de que dispone la tradición cristiana para afrontar el conflicto –la no-violencia y la guerra justa—, el segundo es el modo ético conducente a que los cristianos cumplan con su obligación innegociable de favorecer la paz fundada en la justicia. 

Deduzco que, ante la presente crisis, los obispos consideran cumplidos todos los criterios para que la declaración de guerra sea moralmente justa (ius ad bellum), no tanto porque hayan procedido a una exhaustiva evaluación de los criterios morales de la guerra justa (a saber: causa justa, justicia comparativa, autoridad legítima, recta intención, probabilidad de éxito, proporcionalidad, último recurso), sino porque la causa justa de legítima defensa justifica una respuesta militar, que organiza la relación con el resto de los límites. Pero caben importantes preguntas que planteo desde el máximo respeto: ¿Es la causa justa suficiente para vencer la fuerte presunción en contra del uso de la fuerza? ¿Se han sopesado las características peculiares e inéditas de la situación presente? ¿Se han analizado el corrimiento dado de grupos organizados de terroristas a Estado talibán como terrorista? ¿Se ha aprovechado el lapso entre el ataque terrorista y la respuesta militar para aportar la fuerza de la razón moral a la sociedad norteamericana y el resto de las sociedades que son víctimas potenciales del terror?

Creo que la declaración formal una vez que la acción armada ya había comenzado considera adecuadamente satisfechos los criterios morales tradicionales ad bellum. No se omite decir que “la acción militar es siempre lamentable”, pero añadiendo que puede ser necesaria para proteger al inocente y defender el bien común. Lo cual, obvio es decirlo, se juzga que sea el caso presente. Aun se refuerza la corrección moral de la actual acción militar toda vez que se matiza que la respuesta va dirigida contra los que usan el terror así como contra los que los ayudan, no contra el pueblo afgano o el Islam.

Una vez que la declaración de una respuesta militar se estima justa queda abierto el turno para los criterios que hay que tener en cuenta en su desarrollo, es decir, la inmunidad de los no combatientes (la población civil nunca ha de ser objeto de ataque directo, teniendo los militares el debido cuidado en evitar y minimizar los daños indirectos sobre los civiles), la proporcionalidad que exige que los objetivos militares se alcancen con no más fuerza que la necesaria, evitando los daños colaterales sobre la vida y la propiedades civiles, y la recta intención, la cual no puede nunca dejar de ser la paz con justicia, donde queda totalmente prohibida cualquier venganza o violencia indiscriminada. Sobre éstos la declaración del obispo Fiorenza, en nombre de la USCCB, insiste en “las medidas para garantizar la seguridad de los civiles inocentes son necesarias e importantes”, así como “las iniciativas humanitarias destinadas a paliar la difícil situación del pueblo afgano, en especial de los refugiados y de los civiles desplazados”. Evidentemente este tipo de requerimientos no afectan a la justicia de la acción militar como tal, le atañerían sólo si en el decurso de la misma se traspasasen los límites morales in bello. Lo que ocurre es que valorar tal vulneración es harto complicado, salvo que adquieran un carácter sistemático y visible. ¿Quién va a reconocer que la muerte de civiles a causa de los bombardeos ha superado la categoría de error para pasar a ser algo que inevitablemente forma parte de la estrategia?

Me parece importante añadir que la toma de postura por parte de los obispos apoyando la acción militar en Afganistán no excluye o no puede excluir la posibilidad de que un cristiano con toda sinceridad y verdad juzgue en conciencia que la actual situación no les permite otra cosa que oponerse a esta guerra, apostando por la vía de la no-violencia no pasiva sino activa, aunque así disientan de la opinión de sus pastores a favor de la guerra justa. Esto no sólo en virtud del pluralismo de las tradiciones éticas cristianas respecto a la guerra y la paz, sino porque entre los aspectos más fuertemente marcados en los documentos de la USCCB está sin duda el de la centralidad de la conciencia personal para tomar la decisión ante cualquier conflicto. En conciencia hay que discernir cómo defender mejor la paz, siempre y cuando se respeten los principios morales universales que obligan a todos y en cualquier circunstancia (deberes absolutos). Esto hasta el punto de defender no sólo la objeción de conciencia a la guerra sino también objeción de conciencia selectiva, defendida dentro de la tradición de la guerra justa, a pesar de los problemas sustanciales y procedimentales que suscita.

Espero que ahora estemos en mejor disposición para situar las declaraciones realizadas por unos y otros agentes eclesiales ante esta gravísima crisis que vivimos, situándolas en sus respectivos horizontes doctrinales, que tanto en el caso de Juan Pablo II como de la USCCB poseen una considerable complejidad y una rica gama de matices. Como suele suceder normalmente, tampoco aquí el conocimiento, aunque sea hondo, suprime la decisión moral en la que se pone en juego la conciencia como “núcleo más secreto y sagrario del ser humano, en el que está solo con , cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).

 

Reflexión conclusiva

Nos hacemos cargo de la delicadísima situación en que puede quedar cualquier intento --por bien intencionado que esté— que ose poner en cuestión que la legítima defensa respecto de los atentados pasa por la guerra contra Afganistán. Cuando un ataque como el de septiembre y sus secuelas (no sólo las personas muertas sino también las amenazas existentes y el miedo) han tocado de tal modo los cimientos de un pueblo y una nación cuyo poder además no tiene comparación con el de las otras (y que en cierto modo han herido también a todas las democracias occidentales) y ha causado tanto dolor y temor, cómo pedir y quién tiene el coraje de pedir que se renuncie a la acción militar. En realidad, uno puede entender bien que los líderes políticos hayan quedado contra la espada y la pared, y parezca que la única salida sea la de responder contundentemente.

Ahora bien, si nos dejamos absorber por el pensamiento único, por el realismo político, por la imágenes impresionantes que nos sobrecogieron en directo, podemos tabuizar la situación o sucumbir a lo políticamente correcto que nos llega filtrado a través de los medios de comunicación. Y lo peor, al fin y a la postre, tal vez nos demos cuenta de que, so capa de bien, nos ha devorado el miedo y habremos renunciado a la razón ética en beneficio de la razón estratégica; y acaso nos quedaremos sin saber dónde está y qué aporta la fuerza moral del evangelio de Jesús.

En este sentido, lamento que los llamamientos de Juan Pablo II no hayan sido mejor recibidos y no hayan alcanzado mayor repercusión, en parte porque las voces eclesiales norteamericanas le han silenciado. De igual modo que lamento que la tradición de la guerra justa no se esté teniendo en cuenta cabalmente porque la guerra no ha sido ni el último recurso, ni va a conseguir un bien mayor que el mal sufrido ni la justicia comparativa va a salir bien parada: el sufrimiento del pueblo afgano no va a contrapesar el sufrimiento y el miedo de los norteamericanos, por no hablar de las dudas de éxito más que razonables y los daños que se están infligiendo a la población civil que no tiene nada que ver con los terroristas ni con quienes les apoyan. La respuesta militar en curso, que amenaza con ser larga, fácilmente se va a quedar en combatir selectivamente, efectos y síntomas, pero dejará una vez más las causas y las raíces donde los síntomas se fraguan.

Si indisputable es el derecho de legítima defensa no lo es menos que éste tiene que contar con todo un conjunto sistémico de factores para que su implementación en la forma de la acción militar se oriente a la justicia, que no puede ser tal si no es paz fundada en la justicia. En fin, no conviene perder de vista la distinción clásica –creo que crucial en la situación presente— entre la “causa justa” y los “medios justos”: la defensa legítima de un pueblo ante un ataque tan cruel y desproporcionado tanto por el número de víctimas como por relevancia simbólica de los objetivos abatidos es una causa justa, pero de ella no se sigue necesariamente que la guerra contra Afganistán sea el medio justo.

Desde luego no hay que ser un fervoroso abogado de tradición de la no violencia  para tener serias dudas ante la declaración y el desarrollo de la guerra de la que nos llegan todos los días y varias veces cada día noticias por lo medios de comunicación. Unas palabras enjundiosas de la teóloga moral estadounidense Lisa Sowle Cahill nos ayudará a poner punto final a esta reflexión con la idea de la complejidad real que tiene la cuestión tremenda que hemos abordado en estas páginas, animadas por un respeto crítico frente a la postura de los obispos norteamericanos –seguro que muy concienzudamente asesorados— en la encrucijada tan difícil que nos está tocando vivir:

"A la ética cristiana no se le presenta ninguna solución simple. Por incompatible que la violencia pueda parecer con el ejemplo y el mandato de amor de Jesús, también parece moralmente irresponsable permitir que los inocentes mueran y las sociedades se destruyan a sí mismas cuando se tiene al alcance el poder para intervenir. El interrogante planteado por el uso de la violencia para poner fin a la violencia, especialmente en el caso de los cristianos, sirve sobre todo para destacar la importancia de la búsqueda de vías que permitan aliviar la tensión, evitar la guerra, y para empeñarse en prácticas de pacificación y reconciliación una vez que la guerra ha estallado. La pacificación y la reconciliación son objetivos que debieran unir a teóricos de la guerra justa y pacifistas en una nueva era en la que los peligros, excesos e inevitables injusticias de la guerra están claramente a la vista de todos"[9].